//Gas: Defensor del Pueblo objetó análisis por separado de componentes del precio

Gas: Defensor del Pueblo objetó análisis por separado de componentes del precio

Participó de audiencia en Santa Fe

Luis Garay pidió al Enargas que haga un seguimiento y control de los proyectos de planes de inversión de las empresas distribuidoras. La solicitud abarcó a Redengas, e incluyó a GasNea, operadora en varias localidades entrerrianas.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó este viernes de la audiencia pública realizada en Santa Fe, convocada para revisar el precio del ítem distribución en la tarifa del gas natural.

El miércoles pasado se concretó una audiencia en Paraná para evaluar el incremento en el valor del gas en boca de pozo, otro componente del precio final del servicio junto a la distribución, el transporte y la carga impositiva. De esos cuatro elementos, el gas en boca de pozo es el de mayor impacto en el precio final de la factura.

El Defensor del Pueblo consideró que el análisis por separado de cada elemento de la tarifa genera confusión y la imposibilidad de conocer antes de la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario el impacto que tendrá la suba en los consumidores. Entendió que se trata de una “trampa”, que lleva a que el ciudadano conozca el tenor del incremento una vez que tiene la factura en sus manos.

Al encuentro llevado a cabo en el salón de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) regional Santa Fe concurrieron empresas distribuidoras de la zona como Redengas, que opera en Paraná, y Gas Nea, en el interior de Entre Ríos y otras provincias. Los representantes de las firmas prestadoras expusieron en primer término brindando sus argumentos de por qué debía aumentar el precio de la distribución.

A su turno, el Defensor del Pueblo, tras reiterar su rechazo al aumento de la tarifa, solicitó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que haga un seguimiento y control de los proyectos de planes de inversión de las empresas distribuidoras. Y la solicitud abarcó a Redengas, distribuidora de Paraná, y ante la carencia de una Defensoría del Pueblo provincial, incluyó a GasNea, operadora en localidades entrerrianas.

En cuanto a la situación de Paraná, dijo que hay unos 57 mil usuarios de gas en red sobre la base de unos 80 inmuebles registrados en el municipio. En ese sentido, se expidió a favor de que en el corto plazo se concreten obras que posibilite el acceso al servicio y que se publiquen los planes de inversión con el fin de que la ciudadanía tenga acceso a la información y a la consulta.

Información y participación
El Defensor del Pueblo se refirió también en su exposición a la información pública y a la participación ciudadana. Reiteró su preocupación y crítica respecto de la modalidad de convocatoria de las audiencias públicas, a partir del dato de que el miércoles fue el único expositor de Entre Ríos, al igual que su par de Santa Fe, el Defensor del Pueblo Raúl Lamberto, quien inauguró y cerró la sede de transmisión abierta en Rosario. “Hay deliberadamente un hecho político que es no dejar que las audiencias sean públicas”, afirmó, tras enumerar que las inscripciones para participar hay que presentarlas en Concordia por vía postal o personalmente. Ese trámite fue el que debió hacer la Defensoría de Paraná para participar tanto en la capital entrerriana como en Santa Fe. La situación, admitió, lo hizo dudar de presentarse este viernes, aunque después concluyó que no asistir era caer en “la trampa”, la misma que la de separar la factura del gas para aplicar las actualizaciones a cada ítem.

“El gobierno no puede ver por separado (los aumentos del servicio). Me pregunto dónde se para el Estado: del lado de la empresas o de los ciudadanos”, planteó.

Seguidamente, insistió en la necesidad de que el Estado resguarde a los usuarios, entre los que citó especialmente a los asalariados y jubilados, y recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia acerca de la aplicación de los conceptos de progresividad y razonabilidad en las actualizaciones tarifarias. En ambos términos, el parámetro es el nivel de ingreso de las mayorías. Y eso es lo que no se debe perder de vista, enfatizó.

El mayor impacto estará dado en los grupos de usuarios que consumen menos, y que por lo tanto se sitúan en las franjas de menores ingresos. Mencionó que la quita de subsidios en combinación con los aumentos notorios propuestos, proyectan para el gas en boca de pozo una suba del 215% desde octubre de 2016 a 2019.

“Esto va a hacer casi imposible que se pueda pagar”, manifestó para luego señalar que se le deberán sumar las actualizaciones de los otros componentes de la tarifa.

En otro tramo, apeló a que haya una información clara y se quejó de las “verdades relativas”, porque “no nos dicen cuánto va a ser el aumento total”.

Sobre la tarifa social, reforzó la propuesta de que las Defensorías del Pueblo trabajen en conjunto con el Enargas en la precalificación de ciudadanos con situaciones particulares, para evitar así que queden afuera del beneficio sólo por un criterio taxativo estricto del sistema. Por la provincia expuso también Gabriel Vargas, presidente de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen).

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