//Brasil: Drones y francotiradores para disparar “a la cabecita” en las favelas

Brasil: Drones y francotiradores para disparar “a la cabecita” en las favelas

Río de Janeiro

El nuevo gobernador de Río quiere drones y francotiradores para disparar “a la cabecita” en las favelas. Con respaldo, Wilson Witzel propone legalizar la pena de muerte de hecho para practicarla sin juicio previo ni abogado defensor.

“La policía va a apuntar a la cabecita y? ¡fuego!”, dijo el gobernador electo de Río de Janeiro, Wilson Witzel, para explicar cuál será su política de seguridad. La declaración fue durante una entrevista al diario O Globo.
? Si no hay agresión, ¿es legítima defensa sin dudas? ?preguntó el periodista.
? También tiene que morir ?respondió Witzel?. ¿Está con un fusil? Tiene que ser abatido. El Estado tiene que entender qué tipo de seguridad quiere.
? ¿Esa política no va a aumentar los índices de letalidad?
? Va a reducir los índices de bandido con fusil en circulación.

“Abatir”, la palabra a la que recurre con frecuencia el futuro gobernador, no suele usarse en Brasil para referirse a personas, sino a animales.
Rodrigo Alexandre da Silva Serrano tenía 26 años, trabajaba como mozo y vivía en la favela Chapéu Mangueira, cerca de las playas del Leme. El 17 de septiembre pasado, cuando Witzel aún no pasaba del 4% en las encuestas, Rodrigo bajó por la ladera del morro para esperar a su mujer y sus hijos, uno de ellos de diez meses. Llevaba un celular, una mochila porta-bebé, las llaves de casa y un paraguas. Los policías de la UPP (irónicamente, Unidad de Policía Pacificadora) pensaron que el porta-bebé era un chaleco antibalas y el paraguas, un fusil. Dispararon. Al día siguiente, la versión oficial era que Rodrigo había sido baleado en “un tiroteo entre policías y traficantes”.

No fue un caso aislado. La frase “Policía confunde X con Y” es un lugar común en los títulos de los diarios brasileños, usado en noticias que siempre se localizan en el mismo territorio: la favela. Porque esas cosas no pasan en el asfalto. Donde viven los más pobres, un paraguas puede ser confundido con un fusil, una perforadora o un gato hidráulico con una pistola, un paquete de pochoclo con drogas; todos ejemplos reales de los últimos años. Y las balas se gastan fácilmente.

Esa experiencia de vida -siempre al borde de la muerte más absurda- no la tenemos en los barrios de clase media, donde los paraguas siempre son paraguas y la policía nos trata con respeto cuando se cruza con nosotros por la calle y no dispara porque sí, pero la vida vale menos allí, donde toda “cabecita negra” es sospechosa. “Es un estado enfermo, que mata a un niño con el uniforme escolar”, dijo meses atrás la mamá de Marcos Vinicius, un adolescente de 14 años que recibió un disparo durante una operación policial en el complejo de favelas da Maré. “Mamá, yo sé quién me disparó. Fue el blindado, mamá. ¿No me vio que estaba con la ropa de la escuela?”, le dijo el chico a su madre, todo ensangrentado, antes de morir.

Podría citar infinidad de casos parecidos, mucho más frecuentes que lo que cualquier lector que no viva en Río de Janeiro pueda imaginarse, que son tratados como “excesos” de la PM, la policía militar, más militar en el morro, más policía en el asfalto. Pero, aún bajo esa calificación eufemística, esos homicidios son denunciados e investigados, aunque los resultados de los procesos judiciales pocas veces se parezcan a cualquier noción de justicia. Ahora, con la nueva doctrina de Witzel y Bolsonaro, no serán más “excesos”, sino una explícita política de Estado. Como dijo el presidente electo durante su visita al BOPE, el temible batallón de operaciones especiales, donde realizó un acto ilegal de campaña, “quienes van a mandar en este país son los capitanes”.

De acuerdo con el Mapa de la Violencia, en 2014 ?los datos más recientes disponibles? hubo 42 291 homicidios con arma de fuego en Brasil, una cifra que crece hace décadas. Sin embargo, al observar la curva desde 1980 (teniendo en cuenta la tasa por cada 100 mil habitantes), vemos que pasó de crecer un promedio de 6,2% por año hasta 2003 a 0,3% a partir de ese año. No es casualidad: en 2003 fue aprobado el Estatuto del Desarme, sancionado por el expresidente Lula, que restringió la venta de armas y promovió políticas para retirarlas de circulación. En 2005, apoyado por parte de la oposición, Lula enfrentó al poderoso lobby de la industria de armas en un plebiscito que hubiese permitido endurecer aún más el Estatuto, prohibiendo por completo la venta de armas para cualquier persona que no formase parte de las fuerzas militares o de seguridad, pero la propuesta fue derrotada en las urnas.

Ahora, Bolsonaro quiere acabar por completo con las restricciones y liberar por completo la venta de armas, como quieren sus amigos que las fabrican, que están eufóricos con su victoria.
El porcentaje de homicidios practicados con armas de fuego también aumenta año a año, desatendiendo -como todos los demás datos estadísticos- lo que propone el nuevo presidente. De acuerdo con los números de 2014, las víctimas son preferencialmente varones (94,4%) y jóvenes (59,7%), y la segmentación por edad trae datos alarmantes: a los 20 años, la tasa de homicidios por arma de fuego es de 67,4 por cada 100 mil habitantes (como referencia, en la Argentina, la tasa total de homicidios de 2016 fue de 6 cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad). Pero el dato más brutal se refiere al color de la piel, que en Brasil tiene íntima relación con la clase social: del total de víctimas de 2014, 23,1% eran blancos y 70,5% negros (en la clasificación brasileña, “pretos” o “pardos”). Como canta Caetano Veloso, “Casi todos negros, o casi negros, o casi blancos casi negros de tan pobres”.

El discurso populista sobre la seguridad fue uno de los ejes de las campañas de Bolsonaro y Witzel, una de las sorpresas de la primera vuelta. El nuevo gobernador fluminense es un exjuez federal con una trayectoria mediocre, salpicada por escándalos, que pasó al balotaje sin que buena parte de la población supiese aún pronunciar su nombre gracias a una campaña de última hora en los grupos de WhatsApp bolsonaristas. Antes de la segunda vuelta, dijo con ironía que no le preocupaba que no hubiese espacio en las cárceles para más presos. “Podemos cavar fosas”, retrucó cuando le mostraron los datos de superpoblación carcelaria, que prueban el fracaso de las propuestas que tienen como eje encarcelar cada más gente, por más tiempo, como viene haciéndose hace décadas.

El modelo de seguridad que proponen el nuevo presidente y el nuevo gobernador se basa en tres pilares. Primero, el endurecimiento de penas y la reducción de cualquier tipo de beneficio procesal que permita a los presos salir antes de la cárcel, como parte de una concepción que ve la pena de prisión no como excepción tendiente a resocializar sino como prevención y castigo: cuanto más cruel, mejor. Segundo, como ya dijimos, la liberación de la venta de armas mediante una reforma radical del Estatuto del Desarme ?que, de acuerdo las estadísticas antes citadas, salvó más de 160 mil vidas desde 2003? y un discurso público que fomenta que toda persona tenga armas en su casa para “protegerse de los delincuentes”, privatizando la función de las fuerzas de seguridad. Tercero, la autorización para matar que el gobierno pretende darles a las fuerzas de seguridad. “Un policía que no mata no es policía”, dice Bolsonaro, que también apoya el lema: “Bandido bom é bandido morto”. Para que la policía mate más, quiere alterar la legislación para ampliar la llamada “exclusión de ilicitud”, que dejará los casos de gatillo fácil fuera de cualquier posibilidad de investigación y punición.

“Algunos me dicen: ¿usted quiere dar autorización para que los policías maten? Sí, quiero”, explicó Bolsonaro en una conferencia, a fines del año pasado. De hecho, la policía militar ya mata, y mucho. En Río de Janeiro, de acuerdo con datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP), en los primeros siete meses de 2018, la PM fluminense mató a 895 personas “en enfrentamiento” bajo la figura de “auto de resistencia”, que ahora Bolsonaro quiere ampliar. Fue el mayor número desde 1988, cuando comenzaron a registrarse estas estadísticas. En comparación con 2017, el aumento fue de 39,2%. Es la policía que más mata, y también la que más muere, sin que ello haya reducido la seguridad, como reza el credo demagógico bolsonarista.

Witzel, fiel a esa doctrina, también anunció que entrenará a snipers, francotiradores de elite, para que disparen contra los “bandidos” de las favelas desde helicópteros, y que su gobierno comprará drones armados para auxiliar a la policía.
En Brasil no hay pena de muerte, al menos oficialmente, pero lo que el gobernador propone es legalizarla de hecho, con total respaldo del Estado para practicarla sin juicio previo ni abogado defensor: ejecución sumaria para quien lleve un fusil. O un paraguas, siempre que sea en la favela. Fuente: (TN).-

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